Desde el pasado viernes 3 de septiembre, está en vigor la última reforma de la legislación existente para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
¿En qué consiste esta reforma?
Esta norma beneficia a las más de 4 millones de personas con discapacidad que hay en España. Esta reforma también será de aplicación para los casos de discapacidad sobrevenida (aquella que surge posteriormente, a consecuencia de situaciones externas e internas no congénitas).
Esta reforma significa eliminar un modelo mediante el que no se reconocía como personas con plenitud jurídica a las personas con discapacidad.
Ahora, y desde el pasado 3 de septiembre, las personas con discapacidad, tienen a su disposición apoyos que les ayudarán la toma de decisiones. Mediante este cambio normativo se busca priorizar sus deseos y su autonomía sustituyendo la incapacidad jurídica de una persona con discapacidad por esta ayuda técnica para la comunicación.
¿Cómo afecta a las personas con discapacidad?
Gracias a la normativa actual, ya no será necesario acudir ante un juez cuando una persona con discapacidad desee comprar un inmueble, por ejemplo. Sólo será necesario acudir al notario donde, mediante esta ayuda voluntaria, se les proporcionará toda la información que fuera necesaria para poder fundamentar y tomar las decisiones que crean convenientes, basadas en su criterio.
La representación o sustitución en la toma de decisiones de una persona con discapacidad únicamente se mantiene cuando el apoyo no pueda darse de otro modo. Únicamente se deberá acudir a la justicia en aquellos casos dónde a pesar de haber recibido ayuda de apoyo voluntario, no hubiera sido podible conocer su voluntad.
